Fuente El Pais
BARCELONA. En Barcelona, Ada Colau llegó a la alcaldía procedente de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y con la promesa de hacer de la vivienda una prioridad. El problema es que, pese a haber tomado muchas medidas pioneras, los desahucios continúan y la burbuja del alquiler, hinchada en parte por la presión turística, le ha pasado por encima y no puede cumplir sus promesas, circunstancia que origina no pocas críticas por parte de la oposición.
En materia de turismo, en Barcelona ya desde antes de la llegada de Colau no se conceden licencias de viviendas de uso turístico, pero el mercado ilegal existe. La alcaldesa puso en marcha un plan de choque y ha logrado cerrar casi 2.400 pisos turísticos que no tienen licencia. Además de conseguir que las plataformas de alquiler vacacional, como Airbnb, retiren buena parte de los anuncios de pisos sin licencia. El Plan Especial de Alojamientos Turísticos empuja los hoteles a la periferia y además prohíbe que cualquier alojamiento para visitantes se ubique en edificios de vivienda.
En los últimos meses, Colau ha centrado sus esfuerzos en buscar alianzas internacionales con otras ciudades como Londres, Nueva York o París, donde los alquileres también se han desmadrado y se produce el fenómeno de la gentrificación. Colau pide al Gobierno español que reforme la Ley de Arrendamientos Urbanos: alargando los contratos y limitando las subidas de precio.
Y a nivel municipal, las dos últimas medidas que se han tomado tienen que ver con la Ley del Derecho a la Vivienda, que aprobó el Gobierno tripartito de izquierdas de la Generalitat hace 10 años. Una es multar a los propietarios que acosen a los inquilinos con el fin de echarles de sus viviendas para reformarlas y lanzarlas de nuevo al mercado por un precio superior. Otra, que se ha aprobado inicialmente, es obligar a los promotores privados a que en las nuevas construcciones destinen un 30% del total de pisos a alquileres asequibles.